ONG Campo Seguro sostiene que modificaciones a la norma, propiciadas desde el Ejecutivo, genera desprotección a las víctimas.
Una fuerte crítica al Gobierno, por la presentación de vetos para debilitar la denominada Ley de Usurpaciones, y a los parlamentarios que los votaron favorablemente logrando su aprobación, realizó la ONG Campo Seguro, que representa a cinco gremios agropecuarios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
El gerente y vocero de la organización no gubernamental, Francisco Muñoz Le Breton, sostuvo que “en la última votación en la Cámara de Diputados, se aprobaron vetos presidenciales que generan desprotección a las víctimas de delitos de usurpación. El Gobierno y los parlamentarios que votaron a favor han confundido la realidad del ámbito agropecuario con otros tipos de usurpaciones de terrenos con fines especulativos y por cuya vía el Gobierno ha querido soslayar la crisis habitacional del país”.
La ONG Campo Seguro, planteó su visión sobre aspectos relevantes en la tramitación del veto presidencial parcial a Ley de Usurpaciones, ello a través de oficios y reuniones con parlamentarios y audiencias con autoridades gubernamentales, recogiendo la posición de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval F.G.), de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago A.G.), de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) y de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue).
La ONG recalca que “en la Macrozona Sur se han registrado desde el año 2018, doscientas once usurpaciones, en las cuales -hasta el año 2021- sólo en tres casos se aplicaron sanciones de multa. En nuestras regiones de Los Ríos y Los Lagos, se han producido veintiséis usurpaciones sobre predios silvoagropecuarios, manteniéndose siete de ellos usurpados, ya que los mecanismos legales existentes impiden una restitución efectiva de los predios”.
En la presentación del veto Presidencial y discusión Parlamentaria, se ha desconocido la violencia que se ejerce en estos hechos y delitos asociados a las usurpaciones, incluso en predios que han sido desalojados. “En aquellos predios en los cuales se ha realizado el desalojo y en que las víctimas colindan con terrenos que residen personas violentas, continúan las hostilidades, amenazas, ingreso intermitente de personas y de animales a los predios de las víctimas, provocando un desuso de esos terrenos y con eso la consecuente pérdida de empleo y productividad”.
Francisco Muñoz sostiene que “con el veto Presidencial y su aprobación en el Congreso han perdido las víctimas – productores agropecuarios, trabajadores y sus familias- al desperdiciar la oportunidad de otorgar seguridad no solamente en su espacio laboral, sino que en gran parte de los casos, sus residencias familiares, resultando especialmente desfavorable la exclusión de pena de cárcel a la usurpación en cualquiera de sus formas y la facultad de los Tribunales de justicia para calificar el tipo de usurpación perpetrada”.
Más allá de los vetos
A pesar de estos retrocesos sobre la Ley aprobada originalmente en el Congreso Nacional, desde la ONG Campo Seguro califican como un avance importante “la calificación de la usurpación como delito y no como falta, con lo que será posible aplicar medidas cautelares más efectivas como alejamiento, arresto, vigilancia y otras, además de la extensión de la flagrancia a permanente en este delito, a diferencia de aplicación jurídica actual que la limitaba a sólo doce horas”.
Por último, sostienen que “resulta relevante el concepto de restitución efectiva del inmueble, siempre y cuando éste no flexibilice el actuar de Carabineros ante la comisión de un delito flagrante, considerando las condiciones de ruralidad de los espacios productivos y que gran parte de los delitos de amenazas y otros se producen previo al arribo de Carabineros».
Francisco Muñoz Le Breton, gerente y vocero de la ONG Campo Seguro, recalcó “la necesidad de construir cuerpos jurídicos sólidos, que den seguridad a las potenciales víctimas, que aseguren sus derechos humanos y libertad de trabajo, que visibilicen el trabajo y residencia diaria en lo rural y que sopesen los seis años de tramitación de esta ley, durante los cuales se actuó en absoluta impunidad en la comisión de este delito”.
