Columna de opinión de la Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa), Andrea García
Según la IX Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el 93% de los hogares chilenos declaró haber destinado en promedio $28 mil pesos mensuales a la compra de pan, equivalente a 18 kilos por hogar al mes. El pan, sin duda, es el alimento que concentra el mayor gasto en la dieta de los chilenos, lo que refleja su profundo arraigo cultural y económico.
El trigo, base esencial para la producción de harina y pan, proviene en buena parte del campo chileno: más de 17 mil productores nacionales se dedican a su cultivo. Sin embargo, una fracción importante de este cereal también se importa desde países como Argentina, Estados Unidos y Canadá, lo que plantea desafíos para la soberanía alimentaria y la competitividad local.
Consciente de esta realidad, el Presidente Gabriel Boric anunció durante ENAGRO 2024 su compromiso de impulsar la Agricultura de Contrato en la cadena del trigo, la harina y el pan. Este modelo busca fortalecer la coordinación entre productores e industria, mejorar la competitividad del sector y enfrentar de manera conjunta los desafíos de un mercado cada vez más incierto.
En esa línea, representantes de agricultores, la agroindustria molinera y organismos del sector público acordaron una agenda de trabajo conjunta para identificar los bienes públicos que permitan aumentar la productividad, reducir riesgos y ofrecer mayores certezas tanto a los agricultores como a la industria harinera.
Un hito clave se concretó en octubre de este año, durante el seminario “Sembrando Confianza: Agricultura de Contrato para la Competitividad del Trigo”. En la ocasión, el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), Agrícola Central, Agricultores Unidos, los gremios de Molineros del Sur y del Centro, junto al INIA, Odepa y el Ministerio de Agricultura, conformaron la Red de Información en Calidad de Trigo. Esta iniciativa permitirá desarrollar el primer Catálogo de Variedades de Trigo 2026, herramienta fundamental para transparentar la calidad del grano, orientar la toma de decisiones, y promover su mejora continua.
Con estas acciones, el Gobierno de Chile reafirma su compromiso con una agricultura más competitiva y sostenible, que beneficie a los productores, a la industria y, en última instancia, a los consumidores que cada día ponen pan en su mesa.
