No obstante aquello, mediante un comunicado público el organismo entregó recomendaciones al Minagri, e indicó que se lograron identificar brechas importantes en la disponibilidad de información sobre los precios y los actores de la cadena de comercialización de la papa, lo que dificulta un monitoreo adecuado de dicha industria.

En este sentido, la Fiscalía destacó que, a nivel comparado, mercados agroalimentarios de características similares han adoptado iniciativas que fomentan la transparencia, permitiendo reducir la especulación, las asimetrías de información y los riesgos de prácticas anticompetitivas por parte de los actores que participan dentro del mismo.

Recomendaciones

Por lo anterior, la FNE propuso al Ministerio de Agricultura dos medidas para abordar las problemáticas señaladas precedentemente.

En primer lugar, se sugiere modificar la Ley N°19.147 que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, en orden a fortalecer sus atribuciones. En particular, la FNE recomendó habilitar a ODEPA para que recopile y publique información relevante del mercado de la papa y otros mercados agroalimentarios.

La propuesta incluye, entre otras materias, conferir atribuciones a ODEPA para solicitar información de manera obligatoria a los actores del mercado -bajo sanciones en caso de incumplimiento- y exigir a los administradores de mercados mayoristas que mantengan un registro actualizado de los actores que comercializan en sus instalaciones, debiendo ODEPA adoptar resguardos para evitar que la mejor información que se recabe y se ponga a disposición pueda facilitar conductas anticompetitivas.

Cadena de comercialización

En segundo lugar, se plantea utilizar las actuales atribuciones de ODEPA para recopilar información de precios al productor y caracterizar a los participantes de la cadena de comercialización de la papa y otros mercados agroalimentarios. Esta acción permitiría mejorar el nivel de información actualmente disponible y reducir la asimetría de información con las autoridades en el corto plazo.

Las recomendaciones efectuadas por la FNE se amparan en el artículo 39 letra q) del DL 211, que faculta a la Fiscalía a proponer al Presidente de la República, a través del ministerio competente, modificaciones legales o reglamentarias para fomentar la competencia o regular actividades económicas que se desarrollen en condiciones no competitivas.

Con estas medidas, la FNE busca fomentar la transparencia y la competencia en el mercado de la papa y otros sectores agroalimentarios con características similares, beneficiando tanto a productores como a consumidores.

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En la industria cada vez hay menos actores, no solo menos industrias procesadoras, sino que la cantidad de productores ha caído a cerca de un tercio en una década. (El Mercurio).

Hasta hace algunos meses parecía una disputa puntual, que convocaba a unos cuantos actores del mercado de las leches en el país, con motivaciones meramente económicas, y albergada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Pero ha crecido como una bola de nieve, incluso llegando a las redes sociales, donde esta semana se desplegaron campañas a favor y en contra de los principales actores del rubro. Una cuenta de Twitter del Movimiento Social Patriota desplegó una campaña en esta red para defender a Colun, con argumentos nacionalistas y contrarios sobre todo a Soprole y a Nestlé.

¿Por qué está escalando la tensión en la industria de la leche? Una de las razones que más se repite entre los actores es que en la última década, el número de empresas y de productores en el país ha caído, por lo que hoy la disputa es palmo a palmo.

Icónicas firmas del rubro han cerrado sus operaciones locales y han sido absorbidas, como la italiana Parmalat -que a mediados de la década del 2000 quebró producto de un escándalo financiero -, y la francesa Danone, recientemente adquirida por Watt’s. Y en los campos el fenómeno es similar, pues se estima que los productores han caído a cerca de un tercio: si hace 10 años eran más de 15 mil, hoy son cerca de 6 mil productores en el país.

Con menos actores, fidelizar a los productores cobra relevancia y, con ello, aspectos como el precio ofrecido por la leche y las condiciones de mercado se han vuelto relevantes, señalan distintos consultados.

“Cada día hay menos productores y menos plantas procesadoras a las cuales poder vender (…) Respecto de las empresas, en la práctica las opciones son Watt’s, Nestlé o Soprole. Otra alternativa es Colun, pero no basta con comprar acciones, ya que necesitas la ‘aprobación’ del directorio”, resume Rafael Ossandón, administrador del fundo lechero Pichilumaco, ubicado en la región de Los Ríos.

¿Exigir listas de precios para todos?

El debate económico en el rubro se inició a comienzos de junio, cuando Watt’s ingresó una consulta en el TDLC por la obligatoriedad que desde 2004 tienen las empresas de publicar sus listas de precios de compra de leche a los productores, exigencia de la que está eximida la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión, Colun.

Utilizando cifras de Odepa, Watt’s plantea que Colun es el líder de la industria en recepción de leche, con 26,8% de participación. En este contexto, la empresa vinculada al empresario Fernando Larraín Peña pide que se obligue a todos los actores del mercado -incluido Colun- a “publicar pautas de precios en igualdad de condiciones”, señala en su escrito. “Cuando se exigió esto (las listas de precios), estas empresas (Soprole, Nestlé, Watt’s y Parmalat) representaban como el 70% del mercado y hoy quedan solo tres y representan el 43% del mercado. O sea son una minoría, mientras la mayoría no está obligada a publicar sus precios, lo que es una ventaja”, señala a “El Mercurio” Rodolfo Véliz, gerente general de Watt’s.

Un argumento que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) desestimó la semana pasada ante el organismo de la competencia, indicando que Colun “es una cooperativa verticalmente integrada, por lo que no compra leche, sino más bien recibe la misma proveniente de sus asociados. Por ello, no compite en la recepción de leche al menos en el corto plazo, pues el proceso de admisión de nuevos asociados requiere de al menos un año”, señaló la FNE.

Consultada por “El Mercurio”, Colun afirma que “cumple con lo instruido por el TDLC vigente al día de hoy sobre pautas de precio, que es entregada a sus productores de leche (de manera reservada), que son los dueños de Colun”. Y respecto de su participación en el mercado, hace el punto que desde hace varios años “el país se ha transformado en un importador neto de lácteos”. En otras palabras, que el crecimiento en participación no solo debe medirse en base a recepción de leche.

No obstante, el productor Rafael Ossandón dice que el precio fijado por Colun afecta al resto de la industria: “Si Colun, la más grande, define un precio bajo a sus cooperados -el que compensa a través del pago del dividendo anual, obtenido de las grandes utilidades, en parte debido al subsidio del Estado-, estará a su vez fijando el precio a pagar por las empresas competidoras, a productores que en este caso no reciben compensación”.

Piden revisar Ley de Cooperativas

Así, Ossandón desliza el tema de fondo que está causando una fricción en la industria, justo en momentos en que el Gobierno está ad portas de enviar su proyecto de reforma tributaria: las condiciones tributarias que tiene Colun en su calidad de cooperativa, que entre otros puntos la eximen de pagar impuestos por las utilidades, tanto a esta como a sus cooperados, y que a juicio de sus competidores resultan condiciones ventajosas.

“La competencia real en el mercado es por la captación de leche y básicamente por la captación de productores de leche. Cuando vas a captar un productor y tu competencia tiene la opción de ofrecer a un productor eximirlo de impuestos, no hay nada que hacer. Y eso pasa incluso con un competidor que paga menos, porque los precios informados por Colun a la Odepa son menores y aún así puede captar más productores que nosotros”, resume Rodolfo Véliz. Cita un informe encargado por esta empresa al profesor Joaquín Poblete y presentado al TDLC, que señala que las cooperativas no pagan impuesto de timbres y estampillas, y pagan solo un 50% de contribuciones, entre otros.

En estimaciones de Watt’s, Colun vende al año más de US$ 600 millones y obtiene utilidades por unos US$ 80 millones, los que están exentos del pago de impuestos. Por ello, la solicitud de Watt’s es que el Gobierno revise la Ley de Cooperativas, de manera de ponerle un límite. Y en esa línea, ejecutivos de Watts se reunieron a inicios de julio por Ley del Lobby con asesores del ministro de Hacienda, para plantearles que este tema se incluyera en la reforma tributaria. “Si las autoridades están buscando dónde hay exenciones tributarias que no se justifican, esta es una de las más grandes”, dice Véliz.

“En el mercado existen diferentes modelos empresariales, competimos con sociedades anónimas y cooperativas. Nestlé respeta el marco legal vigente y apoya la libre competencia en pos del desarrollo del sector lácteo de Chile”, dijo la firma de origen suizo Nestlé. La firma de matriz neozelandesa Soprole declinó referirse a este y otros temas de este reportaje.

Colún “no tiene controlador. Es un socio, un voto”

Rodolfo Véliz, de Watt’s, va aun más allá y asegura que las utilidades no se reparten equitativamente entre los más de 700 cooperados de Colun. “En números estimados son 50 cooperados que ganan $500 millones al año; o sea, $40 millones al mes; retiran esas utilidades y no pagan impuestos”, dice. El ejecutivo hace ver que los cooperados más pequeños ya están exentos de pagar tributos por el tramo en el que quedan del Impuesto Global Complementario.

Pero Colun descarta que se comporte como una empresa, en la que los controladores se lleven las mayores ganancias. Aseguran que los excedentes que genera la cooperativa se distribuyen entre los mismos productores. Así, vuelven a invertir en los campos lecheros y la cooperativa en sus procesos. “Colun -y las cooperativas en general- operan bajo el principio de un socio, un voto, generan un crecimiento inclusivo y democrático. Por lo tanto, en la cooperativa no existe un grupo controlador como en la mayoría de las empresas”, señalan.

“Las cooperativas por su esencia deben tener una regulación distinta y no se pueden comparar con otros tipos de asociaciones comerciales ni menos con sociedades anónimas; no hay canchas que emparejar, los juegos y las reglas son distintas y cada actor elige dónde jugar”, agregan.

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Rodrigo Lavín remitió sus antecedentes a la Fiscalía Nacional. (Radio SAGO).

Como se recordará el presidente de Fedeleche, Rodrigo Lavín, comentó en el seno de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y con la presencia de integrantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que existían elementos fuera de la pauta de precios de compra que podrían constituir una transgresión a la Sentencia N° 7/2004 del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC), lo que habría gatillado que la Fiscalía abriera de oficio una nueva indagatoria.

Consultado en el programa Primera Hora de Radio SAGO si esto había significado consecuencias entre los asociados a Fedeleche o Agrollanquihue, señaló que lo que se ha producido es la entrega de antecedentes por parte de productores y que se están remitiendo al organismo.  “Hemos recibido antecedentes que pueden ir en línea con lo declarado en la Comisión Agrícola de la Cámara de Diputados. Y como Fedeleche estamos compilándolos para entregarlos a la Fiscalía Nacional Económica, cooperando en esta nueva investigación que abrió de oficio la propia Fiscalía”.

Estima, además, que la indagatoria no sería atribuible a su intervención, sino más bien a la fuerte defensa ejercida por el diputado Iván Flores.

En torno a que la industria de manera informal habría manifestado que la información entregada por él sería falsa y respecto a probables consecuencias legales, respondió que los antecedentes propios y de otros agricultores fueron entregados a la Fiscalía y aclaró que “no se trata de apuntar con el dedo a la industria, lo que nosotros queremos y siempre como Fedeleche hemos luchado, es por transparentar el mercado de leche cruda en Chile. Que todos los productores tengan acceso a las mismas condiciones de compra”.

Lavin espera que aportados los antecedentes sea la Fiscalía Nacional Económica la que dirima en el tema.

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