Los abogados Sergio de Ferari y Nicolás Rogers del Estudio Pérez de Arce fueron invitados por el gremio lechero, para explicar a los representantes de las asociaciones regionales de productores, los alcances de la nueva ley de delitos económicos y ambientales N° 21.595, y que, según explicaron los expertos, agrupa los delitos económicos dispersos en distintas leyes, destacándose que ahora hay un capítulo específico para delitos ambientales en el Código Penal.

Entre las consideraciones observadas los expertos comentaron que la ley recomienda la implementación de un modelo de prevención del delito antes de septiembre de 2024, cuando entre en vigor para las entidades jurídicas. Así, este modelo debiera incluir protocolos claros, capacitaciones y seguimiento efectivo, en conformidad con la nueva legislación, indicaron.

En la oportunidad, se ahondó sobre las categorías de delitos económicos y las consecuencias de ser sancionado por ellos, lo que incluye penas de cárcel, multas y otras sanciones como la supervisión de la empresa y la pérdida de beneficios obtenidos por el delito.

Ante la necesidad identificada de simplificar la información hacia los agricultores para que puedan comprender y aplicar las medidas necesarias para cumplir con la nueva ley, el gremio acordó realizar la planificación de futuras reuniones y desarrollo de acciones de divulgación que permitan explicar, de manera sencilla y comprensible, la nueva legislación y acompañar a los productores en este nuevo proceso.

Fuente: Fedeleche FG

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El presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), Jorge Valenzuela Trebilcock, comenta lo siguiente en relación al término del paro de camioneros, tras un acuerdo con el gobierno:

“Como productores de fruta, esperamos que el fin del paro ayude a restaurar la normalidad en las rutas, algo que es enormemente necesario en este minuto, por el bien de un país que enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes a causa de la pandemia.

“Y tan importante como aquello, es que todos los sectores productivos y de transporte tengan la garantía de poder operar con la mayor seguridad posible en sus labores. Por eso valoramos el acuerdo entre el gobierno y camioneros, y deseamos que sea el comienzo de una agenda de trabajo que logre acercar posiciones, y dé con soluciones a los principales problemas que están viviendo los transportistas y agricultores.

“En ese sentido, instamos al poder ejecutivo, legislativo y judicial a acelerar acciones que resuelvan esta preocupante situación”.

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