La resolución llama a conformar una instancia liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objeto sea la investigación, coordinación, implementación y creación de políticas públicas dirigidas a educar a la ciudadanía sobre la necesidad de proteger a las abejas dentro del territorio nacional (Mundo Agropecuario-Cámara.cl).

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 449, que pide al Presidente de la República, Sebastián Piñera, crear una comisión multisectorial para la protección y regulación de las abejas en Chile.

El texto solicita considerar, especialmente, la situación de los “hallazgos” o “accidentes” apícolas, para poder gestionar y coordinar un mecanismo de recuperación en estos casos, para que tales especies puedan ser reconducidas a un sitio seguro para ellas y para la comunidad, idealmente propicio para el favorecimiento de la producción apícola y/o polinización.

Asimismo, pide incluir a representantes tanto de las autoridades locales como nacionales, de empresarios apícolas, representantes de comunidades animalistas y académicos dedicados al estudio de las abejas.

Entre sus considerandos, el documento describe que existen dos proyectos de ley (uno de ellos en tramitación), destinados a regular la actividad apícola del país, como también el uso de ciertos pesticidas.

Lo correcto, en este sentido, plantea, seria apoyar e impulsar aquellas iniciativas, ya que, están muy bien dirigidas, pues apuntan a combatir causas de extinción de los polinizadores: los insecticidas y su utilización, además del cuidado que los empresarios apícolas dan a las abejas y sus colmenas.

Sin embargo, agrega la resolución, no parece insensato recomendar la implementación de modificaciones a las propuestas legislativas, con el objeto de implementar un delito, dirigido a sancionar el maltrato o la matanza indiscriminada de abejas, como asimismo, diseñar vía legislativa un protocolo a ejecutar en los casos en que se produzcan “hallazgos” o “accidentes” apícolas, situaciones que son precisamente las que redundan en maltrato o matanza de abejas por ignorancia.

Por último, el texto resalta que, sobre el segundo grupo de medidas, destinadas a la concientización del problema en la comunidad, no existe un trabajo coordinado entre los distintos actores y autoridades administrativas, existiendo en este ámbito un vacío sobre el cual es importante presentar propuestas o vías de acción.

La resolución fue presentada a la Sala por los diputados PS Raúl Saldívar, Jaime Tohá, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Emilia Nuyado y Luis Rocafull, además de PPD Carolina Marzán; RD Catalina Pérez; y PC Amaro Labra.

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En una de sus últimas sesiones, la instancia fiscalizadora conoció las posturas de las empresas agrícolas y de la Conaf de la región de O’Higgins (Mundo Agropecuario).

La Comisión Investigadora sobre el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CONAF en el plan de manejo forestal tuvo este martes su última sesión de audiencias.

En la oportunidad, expuso el equipo jurídico de la Sociedad Agrícola Tralcan, empresa que sería responsable de la tala de bosque nativo en la región de O’Higgins, y de autoridades regionales de la Conaf.

La presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), valoró la presencia de la Sociedad Agrícola Tralcan en la comisión.

“Se aclararon varios puntos, en relación a cosas que ellos planteaban y que no eran ciertas (…) Creo que fue una muy buena exposición desde el punto de vista de los antecedentes que ellos pudieron aportar”, relató la parlamentaria.

Consultada por los hechos de violencia que se han suscitado en paralelo al trabajo investigativo de la comisión, la parlamentaria aseguró que “responde a una expresión de la ciudadanía”.

Sobre el rol de la CONAF, en el desarrollo de la indagatoria, profundizó el diputado Ramón Barros (UDI).

“Queremos agradecer a la gente de la Conaf su permanente presencia en la comisión para responder todas las dudas, decirles que no se atemoricen y que tienen nuestro respaldo”, detalló el legislador.

La comisión investigadora tiene 15 días hábiles para emanar su informe final de conclusiones y propuestas, el cual deberá ser votado después de ese mismo período de tiempo.

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Por medio de una resolución, se llama al Ejecutivo a elaborar un plan nacional para aumentar la capacidad de guarda de pequeños y medianos agricultores, considerando el tema del financiamiento (Cámara de Diputados).

Por 136 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 383, por medio de la cual se expresa la preocupación por la situación nacional de la capacidad de guarda de trigo.

Más en concreto, el llamado al Presidente de la República es a elaborar un plan nacional para aumentar la capacidad de guarda de pequeños y medianos agricultores, considerando el financiamiento y subsidio a la infraestructura mediante los organismos públicos respectivos, tales como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento y/o el Servicio de Cooperación Técnica.

El documento resalta que el trigo representa un tercio de la superficie total de cultivos de Chile (datos 2017 y 2018). Del total de áreas productivas, se especifica, más de un 80% se ubica entre las regiones del Ñuble y de Los Lagos, lo que permite presumir la enorme trascendencia de esta actividad en esa zona del país.

Pese a lo anterior, se observa que, tal como lo señala la Compañía Comercializadora de Trigo, esta actividad productiva viene en considerable descenso desde hace ya varias décadas, lo que se traduce esencialmente en la disminución de la superficie sembrada.

Se destaca que, para su revitalización, esta industria enfrenta situaciones que deben ser abordadas de manera urgente por los distintos actores que en ella intervienen, tales como la desigual posición comercial entre productores y compradores; la importación indiscriminada de trigo de calidad inferior a la que es posible producir en el país; el funcionamiento con deficiencias por parte de actores relevantes, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero y la Compañía Comercializadora de Trigo; o la estricta aplicación de la denominada “ley de muestra y contra muestra”, que es empleada para la fijación de los precios de este bien.

Finalmente, entre otras consideraciones, se resalta que es patente la situación de los pequeños y medianos productores de trigo, que no tienen capacidad para acopiar el cereal y retrasar su venta, lo que los obliga a efectuar la venta del producto casi de inmediato tras las cosechas, no siempre a precios convenientes.

Un claro ejemplo de lo anterior es que entre la región del Ñuble y del Biobío se muelen anualmente un promedio de 250.000 toneladas trigo, lo que representa alrededor del 13% de la molienda nacional, mientras la capacidad de guarda presenta un déficit de más de 30.000 toneladas, tomando en cuenta que la guarda se debe complementar con la producción de cebada, avena y centeno.

La resolución fue planteada a la Sala por Frank Sauerbaum (RN), Ramón Barros (UDI), Leonidas Romero (RN), Miguel Mellado (RN), René Manuel García (RN), Harry Jürgensen (RN), Iván Flores (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI).

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La Comisión de Agricultura analizó la evaluación realizada por la Dirección de Presupuestos al Programa de Desarrollo de Acción Local, Prodesal, dependiente de Indap. En la sesión, participaron autoridades y representantes de los trabajadores encargados de entregar las ayudas técnicas a los productores agrícolas (Cámara.cl).

Una serie de modificaciones propuso la Dirección de Presupuestos al programa de Desarrollo de Acción Local, Prodesal, dependiente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

La situación fue analizada en profundidad en la Comisión de Agricultura, junto al ministro del ramo, Antonio Walker; la jefa de la División de Control de Gestión de la Dipres, Paula Darville; el director de Indap, Carlos Recondo; y el presidente Nacional del Sindicato de Trabajadores de Prodesal, Alejandro Alicera.

El programa de Desarrollo de Acción Local beneficia a más de 60 mil agricultores a nivel nacional, principalmente pequeños productores. Para tal fin se destinan aproximadamente 40 mil millones de pesos cada año.

Prodesal es ejecutado a través de las municipalidades, para lo cual Indap transfiere recursos por medio de un convenio de colaboración, los que se complementan con los fondos que aportan dichas entidades ejecutoras.

Carlos Recondo explicó que la Dipres evaluó el programa, desde 2014 a 2017, evacuando su informe el año pasado. El documento detectó problemas de focalización del beneficio y falta de una política de egreso del mismo.

“El programa no tendría una adecuada caracterización de los usuarios, es decir, que no tenemos una focalización adecuada porque la variabilidad, la enorme dispersión de los usuarios en cuanto a su condición socioeconómica, es muy amplía. Por lo tanto, es difícil hacer evaluaciones cuando el programa está atendiendo bajo el mismo paraguas a productores y usuarios que son muy muy vulnerables y a otros productores que tienen mucho mayor potencial y que están probablemente vinculados, incluso con el mercado”, señaló.

Los parlamentarios se mostraron sorprendidos con los cuestionamientos de la Dipres, porque valoran el aporte del beneficio para los agricultores. El diputado Frank Sauerbaum (RN) consideró que el diagnóstico fue realizado sin considerar la realidad rural del país.

“Siento que es un diagnóstico hecho desde el escritorio, desde una realidad más bien urbana. Nosotros que tenemos cercanía con quienes usan los recursos del Indap, a través del Prodesal, que es un acuerdo entre la municipalidad y el Ministerio de Agricultura, sin duda tenemos una visión distinta”, acotó.

Dijo que esperan que este análisis tan crítico de la Dipres, pueda ser discutido en la Comisión, para que la Dipres conozca nuestra visión y se dé cuenta de que no se puede hablar que un agricultor recibe más de un beneficio y que eso hay que modificarlo, considerando la gran realidad de pobreza que hoy día existe, sobre todo en las regiones de La Araucanía y Ñuble.

Trabajadores del Prodesal

Pero a la Comisión llegaron también los trabajadores de Prodesal, que acusan precarias condiciones laborales. Son cerca de dos mil personas que trabajan a honorarios y sin continuidad, como lo señaló el presidente Nacional del Sindicato Prodesal- PDTI.

Alejandro Alicera alertó que vienen trabajando en muchas regiones y comunas desde enero a la fecha sin contratos. Reconoció que algunos casos se han subsanado, pero aseguró que todavía subsisten casos en las regiones de La Araucanía y de Coquimbo, así como en algunas comunas.

Dijo que están trabajando en terrero con vehículos particulares y expuestos a un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la seguridad. Así, planteó que es impresentable que estén contratados a honorarios en una situación de tercerización, desde una institución pública a las otras, como son los municipios. “O sea, el Indap le entrega recursos a los municipios, cuando es Indap nuestro verdadero empleador”, enfatizó.

Los trabajadores pidieron una mesa interministerial para solucionar el problema de vulnerabilidad de derechos que enfrentan.

En tanto, la presidenta de la Comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), coincidió en que se debe mejorar la situación de los/as trabajadores/as y citó el caso de las mujeres que trabajan como agrónomos, técnicos, veterinarias o extensionistas que no tienen la posibilidad ni siquiera de pre o postnatal, pero también la complicación del punto de vista de los recursos.

“Pasan casi tres meses sin contrato, tienen además sus vehículos a disposición de este programa sin recibir ninguna complementación en su sueldo. La verdad es que, desde el punto de vista de la contratación y del sistema laboral que ellos tienen, no solamente es precario, sino que raya absolutamente en la ilegalidad”, destacó.

Los criterios de evaluación y la adecuación del Programa Prodesal, implementado hace 24 años, seguirán siendo analizados en la próxima sesión, junto a los mismos invitados.

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La Sala de la Cámara de Diputados ratificó el mismo criterio definido previamente por la Comisión de Agricultura, que rechazó la propuesta planteada por el Senado (Cámara.cl).

En instancias de Comisión Mixta deberán resolverse las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado en torno al proyecto que tiene como finalidad regular el etiquetado de la leche, definiendo su origen y tipo.

Esto luego de que la Sala rechazara por 114 votos en contra y cinco abstenciones la iniciativa, originada en moción en el Senado, y la remitiera a Comisión Mixta.

El objetivo es que en dicha instancia se pueda consensuar un texto único entre los proyectos que previamente fueron aprobados por la Cámara de Diputados sobre esta misma materia, y esta iniciativa en trámite, para establecer normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetado de la leche y productos lácteos.

Los diputados Javier Hernández (UDI), Iván Flores (DC), Jorge Rathgeb (RN), Jaime Naranjo (PS) y Alejandra Sepúlveda (FRVS) integrarán por parte de la Cámara la Comisión Mixta.

En líneas generales, el texto, cuyo informe fue rendido por la diputada Alejandra Sepúlveda, modifica el Código Sanitario introduciendo una definición de “leche” y su clasificación en tres tipos: natural, reconstituida y recombinada. Asimismo, se define lo que es “producto lácteo” y establece normas para el etiquetado de botellas o envases que contengan leche.

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La presidente de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que por medio de dos proyectos de ley, “lo que buscamos es proteger a la pequeña agricultura familiar campesina” (Mundo Agropecuario).

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que preside la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, inició el estudio y la discusión de dos mociones que buscan sancionar el hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera.

Según explicó la parlamentaria, “la primera de ellas busca modificar el Código Penal para aplicar la pena del abigeato al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera, mientras que la segunda busca establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, el hecho de cometer el delito en zonas rurales”.

“Queremos hacer un delito especial o incorporar el abigeato en otros productos y no solo animales, para buscar la forma de proteger de estos robos a los agricultores y a la pequeña agricultura familiar campesina. Vamos a tener invitados en una próxima sesión, fundamentalmente a organizaciones campesinas y a personas que han sufrido los robos en sectores rurales, para complementar con el Ministerio de Agricultura esta visión”, señaló.

Consultada por el tratamiento que se le dará a ambas iniciativas, la parlamentaria puntualizó que estos serán debatidos en la Comisión de forma separada, ya que uno de ellos se refiere, específicamente al robo de colmenas, mientras que el otro apunta a los productos agrícolas.

Desde el Ejecutivo respaldaron la idea central de ambos proyectos y manifestaron su compromiso por trabajar en conjunto con los miembros de la Comisión para perfeccionar las mociones.

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Por medio de una resolución, los parlamentarios solicitan al Gobierno adoptar planes de asistencia en beneficio de los trabajadores de la planta Industria Azucarera Nacional S.A, que operaba en la comuna de Linares (Cámara.cl).

Pedir al Gobierno la adopción de medidas y planes que vayan en directa ayuda de los trabajadores, agricultores y transportistas que trabajaban, tanto directa como indirectamente, con la empresa IANSA de Linares, región del Maule, es el objeto de la resolución 237, aprobada por la Cámara de Diputados.

El documento, ratificado por 114 votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones, solicita a los Ministerios del Trabajo y Economía la implementación de planes contemplados en dichas carteras, para dotar a los trabajadores y agricultores de capacitación, perfeccionamiento y sustento económico.

Además, el texto pide al Ejecutivo, analizar la entrega de créditos blandos a los trabajadores, agricultores y transportistas, para palear la cesantía y, de esta manera, poder efectuar de manera adecuada emprendimientos personales y/o familiares.

La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados UDI Rolando Rentería, Ignacio Urrutia, Ramón Barros, Juan Antonio Coloma, Nicolás Noman, Javier Macaya, Celso Morales y Pedro Álvarez-Salamanca, además del IND Pablo Prieto y el RN Cristóbal Urruticoechea.

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A través de una alianza público privada se pretende apoyar el desarrollo y expansión de este sistema que salvaguarda la identidad de los animales ante posibles robos (Cámara.cl).

Por 91 votos a favor y 13 abstenciones fue aprobada la resolución 229, que solicita al Presidente de la República que, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente por medio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se generen los mecanismos para apoyar el desarrollo y expansión del Banco de ADN de Fresia, a través de una alianza público privada.

El texto fue propuesto por los diputados Harry Jürgensen (RN), Marcos Ilabaca (PS), Iván Flores (DC), Diego Schalper (RN), Marisela Santibáñez (PRO), Miguel Mellado (RN) y Cristóbal Urruticoechea (RN).

La resolución señala que, frente al abigeato (robo de ganado), la Asociación Gremial de Agricultores de Fresia planteó, ante la Fiscalía Local de Puerto Varas, la necesidad de crear el Banco de ADN de Fresia. Si bien es una iniciativa privada, quienes suscriben el texto consideran que está cumpliendo una función pública que combate este delito, utilizando avances científicos.

El registro, argumenta el documento, se hace extrayendo muestras de pelo de zonas estratégicas del animal, que contienen huellas genéticas que luego son almacenadas. De esta manera, cuando ocurren robos, es más fácil recuperar el ganado y además sirve como medio de prueba.

Por medio de esta resolución, se pretende solicitar al Ejecutivo que haga aportes económicos a esta iniciativa privada que estaría apoyando al Estado en la prevención, persecución y sanción de los delitos que se cometen.

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