Según el Boletín de Producción presentado por el gremio, Chile produce 13,3 millones de huevos al día a partir de un total de 19,3 millones de gallinas ponedoras distribuidas en 10 regiones del país, lo que totalizó 4.868 millones de huevos en 2025.

El gremio destacó además que el consumo de huevo por persona alcanzó en 2025 su nivel más alto en la historia reciente —251 unidades al año, un 38% más que hace 15 años, equivalente a casi 5 huevos por persona a la semana—, aunque Chile se mantiene en el séptimo lugar del consumo per cápita en América Latina, por debajo de países como Argentina (398 huevos) y México (392).

Las alertas del gremio

Moure identificó la influenza aviar como la principal amenaza sanitaria del sector. Recordó que en 2022 y 2023 la industria vivió “el primer gran golpe”, con sacrificio masivo de aves y suspensión de mercados de exportación, y advirtió que el virus continúa circulando: al 6 de abril de este año se habían registrado 20 brotes en siete regiones del país, con 701.662 aves sacrificadas, de las cuales 698.007 correspondían a gallinas comerciales de producción de huevo. Frente a este escenario, la industria ha reforzado la bioseguridad, intensificado la vigilancia epidemiológica y avanzado en seguros privados y en un seguro estatal —a través del Ministerio de Agricultura— orientado a pequeños y medianos productores.

El dirigente también alertó sobre el aumento del huevo importado que no cumple la normativa sanitaria chilena y sobre el ingreso ilegal, principalmente desde Bolivia.

Según cifras del gremio y del Servicio Nacional de Aduanas, el volumen importado creció 29 veces entre 2019 y el primer semestre de 2026 —pasando de 3 millones a 87,3 millones de unidades—, llegando en junio a representar un 5,4% del abastecimiento nacional, el registro más alto de la serie.

Moure explicó que parte de esos productos ingresan con autorizaciones sanitarias de hasta 45 días de duración, superando el límite de 30 días que exige la legislación chilena, y advirtió que en algunos casos el producto es reenvasado dentro del país, con fechas de elaboración y vencimiento adulteradas.

“No vengo a decir que no importemos huevo, no me corresponde, pero sí que las reglas sean las mismas para los productores pequeños, medianos y grandes que para un huevo que viene desde Argentina, Brasil, Uruguay o Estados Unidos”, afirmó Moure ante la comisión, quien planteó exigir un timbraje directo en la cáscara del huevo importado como medida de trazabilidad y transparencia para el consumidor.

Sobre el contrabando, señaló que existe “presión real” en el norte y llamó a mejorar la coordinación entre Aduanas, el SAG y el Ministerio de Salud, además de revisar las sanciones que hoy se aplican y que el gremio considera insuficientes. Moure recordó que la Comisión de Seguridad Pública del Senado ya abrió una iniciativa sobre esta materia.

Como tercer punto, Moure abordó las demoras en permisos ambientales y la incertidumbre regulatoria que enfrentan los productores para ampliar o modernizar sus planteles. Ejemplificó que la Región Metropolitana “tiene una forma de procesar totalmente distinto de lo que tiene el Maule o que tienen otras regiones del país”, por lo que llamó a estandarizar los criterios de evaluación a nivel nacional.

Según explicó, incluso productores pequeños que han crecido e intentan incorporar tecnología quedan sujetos al sistema de evaluación ambiental, lo que termina desincentivando la inversión: “eso qué es lo que genera: tiempo, costo, estudio, y al final no se termina haciendo”, señaló, remarcando la necesidad de un sistema “más práctico y más dinámico”, sin renunciar a las exigencias tecnológicas ni a los estándares productivos.

En materia de bienestar animal, Chilehuevos aplica desde octubre de 2018 una Guía de Buenas Prácticas elaborada junto al SAG, universidades y organizaciones como AMEVEA, ACBA, Humane Society International y World Animal Protection, hoy en su tercera etapa de actualización, con 23 empresas auditadas en 37 variables.

En sostenibilidad, el gremio destacó que la industria transformó 700 mil toneladas de guano en fertilizante para la agricultura chilena, anualmente, generando un ahorro de $5.000 millones en fertilizantes de origen químico y evitando la emisión de 8 mil toneladas de CO2 equivalente al año.

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