En su columna, la ONG Campo Seguro se refiere críticamente a las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuestionando su efectividad ante la persistencia del terrorismo rural y la falta de garantías mínimas de seguridad para víctimas, propietarios y productores en el sur del país.

La entrega de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ha generado, sin sorpresas, la cuadratura política de uno y otro sector, por sobre su contenido. El no otorgamiento de unanimidad, precisamente de un representante agropecuario, que visibilizó a propietarios, víctimas y productore, implica que gran parte de las problemáticas seguirán perpetuándose.   

El atributo de la paz -según la Comisión- quedará supeditado a lo que determinen los tribunales de justicia respecto al terrorismo; las orgánicas radicales terroristas han desestimado las propuestas; y los actos terroristas continúan. ¿Será posible que estas propuestas terminen con las amenazas, coerciones, usurpaciones, atentados terroristas y el objetivo de lograr el desplazamiento forzado de personas y actividades productivas?.

Frente a esto, cabe preguntarse: ¿tendrán que “acatarse” estas propuestas carentes de señales en torno al terrorismo, según lo que indica irresponsablemente el Senador Iván Flores, además, ex presidente de la Comisión de Seguridad del Senado? o se aborda punto por punto, como lo señala la Senadora María José Gatica, respecto a que no se establecen condiciones mínimas de seguridad y se crean nuevos organismos autónomos, para diluir la acción efectiva del Estado.

Nuestro llamado es a los partidos políticos y parlamentarios a actuar de manera sensata y responsable, analizar previamente cada una de las propuestas y no repetir los errores de la propia Ley de Desarrollo Indígena y de la Ley de Espacios Costeros de Pueblos Originarios (Ley Lafkenche).

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En Purranque, los casos crecieron un 800%, mientras que en San Pablo, Llanquihue, Fresia y Puerto Varas se duplicaron, con un alza del 100%. En tanto, Río Negro reportó un incremento del 86%, y la provincia de Osorno registró un aumento del 28%. Estas cifras confirman que el abigeato sigue siendo una problemática relevante en la zona, generando importantes pérdidas económicas y riesgos sanitarios.

Perjudicial

El director de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, advirtió sobre la gravedad del delito y su impacto en los productores locales. “Los organismos del gobierno, policías y legisladores deben establecer focos en este delito, considerando el daño económico, los riesgos sanitarios y la evasión tributaria asociada. Particularmente, hay que atender problemas como la hidatidosis y otros riesgos sanitarios que afectan a la salud humana”, declaró.

Muñoz también destacó que “son de especial relevancia las medidas de reposición de las patrullas anti abigeato de Carabineros; y la pronta actualización de la Ley anti abigeato, actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, desde donde se espera sea modernizada, reconociendo que la Ley de Robo de Madera presenta mejores herramientas de persecución penal que este delito”.

Soluciones

Campo Seguro presentó propuestas concretas para combatir el abigeato en la región, como fortalecer la capacitación de las Juntas de Vigilancia Rurales, fomentar el uso de tecnologías disuasivas y reforzar las patrullas especializadas de Carabineros. Estas medidas buscan no solo reducir los índices delictuales, sino también proteger a los productores de los efectos negativos del robo de ganado.

Además, la ONG insistió en la necesidad de una modernización de la Ley contra el Abigeato. “Es paradójico que la Ley de Robo de Madera tenga mejores herramientas de persecución que el abigeato, considerando su impacto en la economía local”, afirmó Muñoz.

El abigeato sigue representando una amenaza para la economía local y la salud pública en la Región de Los Lagos, particularmente en comunas donde los casos han incrementado de forma pronunciada. La ONG reiteró su llamado a las autoridades, legisladores y comunidades a actuar de manera coordinada para abordar esta problemática y proteger a las familias afectadas.

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