El estatuto establece principios en línea con los estándares de Fairtrade International, organización que promueve mejores condiciones para trabajadores y pequeños productores. Entre los compromisos adoptados se incluyen normas de transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad ambiental. La estructura legal busca asegurar la implementación de precios mínimos estables y acceso a beneficios sociales. Solo en 2022, el sistema Fairtrade generó aproximadamente US$238 millones en fondos comunitarios para comunidades agrícolas de todo el mundo.

Araya & Cía aporta solidez jurídica al proceso

El proceso de redacción del estatuto fue liderado por el equipo de Araya & Cía, con la participación de Sebastián Norris, socio y jefe del área de Comercio Internacional, y Constanza Olalquiaga, subjefa del área. La asesoría legal permitió estructurar una asociación conforme a los marcos regulatorios vigentes y a estándares globales.

Viña Morandé S.A., como empresa matriz de la viña que reúne marcas como Morandé, Mancura, Vistamar y 7 Colores, jugó un rol relevante en la implementación del estatuto. El gerente de Personas, Excelencia Operacional y Sustentabilidad, Pablo Vega, fue uno de los responsables de coordinar el proceso junto a los equipos de trabajadores. El nuevo marco normativo fortalece la proyección internacional de Viña Morandé, alineando su producción con mercados éticamente exigentes como Reino Unido, Alemania y Suecia.

Más allá del cumplimiento: una apuesta estratégica

Además del cumplimiento normativo, la formalización representa una decisión estratégica en un contexto donde el comercio ético gana terreno. El 75% de los consumidores globales prefiere marcas con sello Fairtrade, y el 86% confía en su autenticidad, según cifras de la organización. Esta credibilidad ha permitido a múltiples empresas ampliar su presencia en mercados con altos estándares sociales.

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Una importante modificación sobre quién debe pagar el IVA está generando efectos no solo en sectores del agro, como había estipulado el SII a principios de año mediante la Resolución nº2. (Mundo Agropecuario).

La Resolución nº42 de Servicio de Impuestos Internos, señala que hasta el primero de agosto las empresas tienen plazo para revisar las nuevas normativas en relación a quién debe pagar el IVA: si podrá seguir siendo el proveedor como es de costumbre o, por el contrario, tendrá que hacerlo el que compra el producto o servicio, dependiendo de ciertos requisitos.

“En consecuencia, se tienen solo dos meses para que las empresas ajusten sus procesos de acuerdo a la resolución”, comenta Claudio Salvatierra, abogado de Araya & Cía. que abordará este tema y otros temas ligados a la Reforma Tributaria el próximo 13 de junio en el Encuentro Regional de Fedefruta y SAGO en Osorno. “De no adoptar las medidas, se exponen a pérdida de crédito fiscal y multas, intereses y reajustes, a procesos de fiscalización e incluso a la clausura del establecimiento de comercio”.

Una importante modificación sobre quién debe pagar el IVA está generando efectos no solo en sectores del agro, como había estipulado el SII a principios de año mediante la Resolución nº2, sino en todas las empresas -de cualquier rubro- que el Servicio estime que deben adecuarse a la nueva normativa

Se trata de la Resolución nº42, dada a conocer a fines de marzo, luego que la Sociedad Nacional de Agricultura solicitara que el denominado “Cambio de Sujeto del IVA” no afectara a industrias particulares del agro, por considerar la medida como “discriminatoria”.

Anteriormente, SII había emitido la Resolución nº2, que establecía para ciertas industrias del agro como los berries, el trigo, el arroz, el ganado, la carne, los productos silvestres y otras, la obligación de aplicar cambio de retenedor del IVA. “Esto significaba que el responsable de pagar este Impuesto al Valor Agregado en estos sectores era el comprador del producto o del servicio, en lugar del proveedor”, indicaba Claudio Salvatierra, abogado tributario de Araya & Cía.

No obstante, tras las reuniones de trabajo entre la SNA y SII, este último acordó que la modificación no aplicaría per se a las industrias originalmente señaladas en la Resolución nº2, “pero que si la empresa cumplía con ciertos requisitos, sin importar la industria a la cual perteneciera, entonces tendría que aplicar sí o sí las normas de retención y cambio de sujeto del IVA”, precisó Salvatierra.

El abogado advierte que, si bien no se han levantado contingencias en la industria a causa de esta nueva resolución, la nueva normativa debe ser cumplida a más tardar el primero de agosto del 2018. “En consecuencia, se tienen menos de dos meses para que las empresas ajusten sus procesos de acuerdo a la resolución”, agrega Salvatierra. “De no adoptar entonces las medidas antes del primero de agosto, las empresas se exponen a pérdida de crédito fiscal y multas, intereses y reajustes, a procesos de fiscalización e incluso a la clausura del establecimiento de comercio”.

Encuentro con agricultores y fruticultores en Osorno

Salvatierra tratará este tema en el próximo Encuentro Regional de Fedefruta en Osorno, evento organizado con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO) y ProChile, fijado para el 13 de junio en la Universidad Santo Tomás. En su presentación, el abogado también abordará las dificultades con las que se ha encontrado el agro tras la vigencia este año en pleno de la Reforma Tributaria, y dará a conocer nuevas normativas que el sector debe cumplir en el marco de la regulación, de la cual los contribuyentes esperan simplificaciones, según lo anunciado en la última cuenta pública.

“Desde la Reforma Tributaria que el agricultor ha sido desafiado constantemente en cuanto a las materias tributarias”, concluye el abogado de Araya & Cía. “A partir de esta resolución, se hace impostergable tomar cartas en el asunto en el trascurso de estos dos meses, para evitar las contingencias antes señaladas. Que la victoria de la SNA no se transforme en una derrota, por no estar atento a las nuevas exigencias de la normativa”.

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